Bajo sentencia, a Huajuapan se le construirá su hospital

La responsabilidad es de quién escribe.

El 7 de abril se conmemoró el Día mundial de la salud, por tal motivo, es oportuno mencionar que el ayuntamiento municipal de la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, ganó el juicio de control constitucional para que el gobierno del Estado cumpla con su compromiso en la construcción del hospital General de 30 a 60 camas.

Este importante derecho social fue promovido ante la Suprema Corte De Justicia de la Nación con el número de controversia 38/2015.

Los antecedentes a la construcción de dicha obra de salud son numerosos, pues en varias ocasiones funcionarios de primer nivel del gobierno del Estado, así como candidatos a diversos cargos de elección popular, acudieron a la ciudad a colocar la primera piedra como símbolo de arranque de la obra. Otros más, empeñaron su palabra al decir que conseguirían los recursos no solo para 60 camas, sino para más; incluso, dijeron otros, que sería un hospital de primer nivel. En fin, las promesas fueron suficientes y variadas con tal de satisfacer su ego o su ambición.

A la obra fallida se le bautizó con varias frases. La más conocida fue la denominada: “Sustitución y ampliación del Hospital General de 30 a 60 camas”. Sin embargo, en el año 2015 se difundió en los medios de comunicación que el Gobierno del Estado había cancelado la construcción de dicha obra por no contar con recursos para ejecutarla.

En ese entonces, el suscrito fungía como director general jurídico del municipio, por lo cual se decidió promover el juicio de control constitucional para que el gobierno del Estado cumpliera con los compromisos que el gobierno anterior había contraído ante la ciudadanía huajuapeña. El argumento esencial era la violación a los derechos humanos de la población, concretamente al derecho humano de la salud.

En el 2015 era impensable promover una controversia constitucional de ese tamaño, pues el derecho humano no era protegido en ese medio de control constitucional, por eso se le denominó “controversia constitucional”.

En cuanto a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del art. 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo procedía la admisión de dichos juicios por la invasión en las esferas de competencia entre autoridades de distintos órdenes de gobierno, o entre los mismos órdenes de gobierno, o también, entre diversas dependencias gubernamentales, o entre poderes de un estado; sin embargo, la confianza que tenía la administración municipal en el suscrito, me motivó a promover el juicio, bajo la influencia, también, de una sentencia emitida por la Corte Colombiana que había acabado de leer.

Fue hasta el año 2017 (ya era otra administración municipal de Huajuapan), cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, condenó al Estado de Oaxaca a construir la obra y buscar financiamiento para ello, obligando al Estado de Oaxaca por medio de su administrador: …“El Gobernador del Estado de Oaxaca en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación de este fallo, deberá informar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre acciones concretas que llevará a cabo, tendientes al inicio de la construcción del hospital en el terreno donado por el Municipio de Huajuapan de León, en esa entidad”… Con posterioridad a ello, deberá informar periódicamente sobre el avance de la obra hasta su total conclusión e inicio de la prestación de los servicios… En un plazo máximo de dieciocho meses a partir de que sea notificada esta sentencia, deberá iniciar la prestación del servicio en el Hospital General de Huajuapan de León, E. S. P. María del Pilar Sánchez Villavicencio, o, en su caso, elegir otra vía de financiamiento y demostrar avances significativos respecto de la solicitud de fondos económicos.”

A partir de entonces se creó un precedente en el Estado de Oaxaca, así como para el resto del país, pues dicha sentencia determinó que la salud es materia de los tres órdenes de gobierno, y que entre ellos debe existir una colaboración para lograr tales fines. Para ejecutar dicho derecho en beneficio de la población, no deben existir barreras de ninguna índole, ya que el Estado mexicano está obligado a cumplir con lo que dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la salud.

Con esto se demostró también, que no existen niveles de gobierno, sino órdenes de gobierno. Además, se acreditó la violación al artículo 115, fracción III de nuestra Ley. Aunque la Corte no argumentó en la sentencia algo que nos haga suponer que se protegió un derecho humano, pero lo cierto es que, protegió el derecho humano, social, a la salud y, principalmente, de la población del municipio de Huajuapan.

Estos derechos están contemplados desde la constitución de 1917, solo que no habían sido protegidos con la fuerza requerida. Hoy sabemos que podemos acudir ante los jueces para que el administrador del Estado distribuya los recursos públicos para la protección del derecho a la salud. Dicho sea de paso, protección para todos los derechos humanos sociales, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho al trabajo… Todos estos pueden ser protegidos por el juez por omisiones del Estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como obligación positiva del Estado.

Este caso se encuentra en ejecución el día de hoy. El Gobierno del Estado está cumpliendo parcialmente la sentencia, sin embargo, ningún fallo judicial puede dejar de ser cumplimentado, por tal motivo, la certeza jurídica que dio la corte a la población de Huajuapan de León, en algún momento tendrá que cumplirse totalmente. Será obligación de las administraciones municipales subsecuentes apoyar en el cumplimiento de la sentencia de la corte.

Destacados