ÉTICA PÚBLICA E INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

La responsabilidad es de quién escribe.

La ética se conforma de valores sociales que ayudan a vivir en armonía conforme a los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad, en el siglo XVII la corriente contractualista estableció que la sociedad se conformaba por una relación contractual entre personas libres y buenas con optimo sentido ético de responsabilidad garante del bienestar social, con base en esta teoría; podemos afirmar, que en la interacción cotidiana concurren conductas sociales, asociales, para sociales y antisociales, que constituyen la excepción a la ley natural de respeto mutuo; cuyo interés egoísta trastoca el estado de armonía y cooperación de la colectividad; para superar esta situación se genera un contrato político social, que concibe al Estado de Derecho como crisol de valores, reglas de conducta y códigos de ética que garantizan la armonía democrática de la sociedad.

En este aspecto, el código de valores sociales, deriva de un orden que se gesta atendiendo a la coyuntura histórica imperante que debe respetarse y llevarse a cabo; dada su naturaleza cambiante, sus fundamentos, se basan en prescripciones imperativas y prohibiciones; que dan pauta a la conformación de una ética personal, cuya axiología parte del análisis y evaluación de los cánones sociales, que tiene como objetivo conformar por convicción un catálogo de principios de observancia del sujeto por convicción propia; de allí que sea dinámica y a diferencia de la moral se sustente en el libre albedrío.

Thomas Hobbes, consideró que la naturaleza humana es de competencia, desconfianza y sobrevivencia, ello, le motiva a detentar el poder a fin de influir en el devenir social; en consecuencia, recomienda que la sociedad debe establecer controles a fin de que nadie trasgreda el orden previamente aceptado y establecido y en caso de hacerlo se le sancione, lo que, le confiere al Estado de Derecho el carácter instrumento de control de la impunidad.

Montesquieu sistematizó en El Espíritu de las Leyes”, la premisa de que “el poder controle el poder”, dando pauta a la teoría de la división de poderes, sustentada en el diseño de un sistema de control sustentado en pesos y contrapesos, de índole interno y externo, garantes de la buena conducta pública; directriz que retoma la teoría de la administración, al regular el principio de honestidad pública, al promover controles preventivos, basados en reglas de operación claras definidas en manuales de procedimientos, con criterios de operación permanente, basados en la detección de debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora de la gestión pública.

Postulado que tiene como objetivo implementar “un gobierno de leyes e instituciones y no de personas”; en el que, las instituciones constituyen un sistema de control gubernamental a través de la implementación de métodos, normas y lineamientos regulatorios de los procesos de gestión pública.

La Teoría del Sincretismoz, postula que las personas por naturaleza son volubles, lo que conlleva a afirmar, que el ejercicio del poder depende de los principios éticos de quien lo detenta, por ello, propone la implementación de controles preventivos y correctivos; por lo que propone, que las instituciones y personas servidoras públicas se deben regir en valores y principios regulados en códigos de ética y conducta que establezcan controles que eviten el desvío en el ejercicio del servicio público.

Hoy en día, se cuestiona a la gestión pública, en razón del autoritarismo burocrático, el tráfico de influencias, la vinculación de funcionarios con la delincuencia organizada, la corrupción de cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia y tribunales; y el agudo distanciamiento del servicio público de las necesidades y problemas del país; ello, demanda la definición de políticas de integridad pública basadas en principios y valores que conformen un crisol de conocimientos que permitan definir soluciones idóneas, convenientes y eficientes a través de criterios de desempeño que las personas servidoras públicas apliquen con el objetivo de lograr el bien colectivo y brinden directrices de actuación en la selección de soluciones idóneas en el servicio público, bajo la directriz basada en una mística de servicio por convicción; que impulse un comportamiento idóneo en el servicio a la ciudadanía, inhiba la arbitrariedad y se constituya en factor vital en la generación de confianza y legitimidad en el actuar de las instituciones públicas; asimismo, las esferas políticas y profesionales que concurren en la función pública deben funcionar sincronizadamente, con independencia y profesionalización, a fin de garantizar una administración democrática al servicio de la ciudadanía.

Las personas servidoras públicas, deben ser conscientes de la trascendencia del servicio público que prestan, de la concepción ética del cargo que desempeñan; y regirse por los principios de responsabilidad, honestidad, integridad, calidad del servicio, comportamiento ético, respeto a la legalidad y los derechos humanos; e implementar políticas públicas encaminadas al bienestar y equidad social.

En consecuencia, deben evaluar riesgos de trascendencia y responsabilidad ante impactos o repercusiones de la actividad institucional a su cargo, de sus actos y decisiones; promover el espíritu de servicio público en favor de la ciudadanía como valor fundamental de su función y razón de ser de la institución a la que pertenecen, de manera congruente y armónica con un desempeño de calidad por convicción de evaluación continua e impulsar la cultura de la excelencia.

Conformar códigos de conducta precisando principios éticos, valores y antivalores, responsabilidades y obligaciones de carácter legal y administrativo, a través de ejes preventivos y de control, cuya redacción sea de fácil comprensión, en tono positivo, basado en el marco jurídico aplicable y en códigos profesionales o sectoriales, que transiten de la observancia derivada de la imposición al cumplimiento por convicción.

Derivado de los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, las instituciones públicas deben contar con Códigos de Ética y de Conducta, como instrumentos de observancia obligatoria con fundamento en los artículos 16, 25, fracción II, y 49, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades, por ende, sus disposiciones son vinculatorias y sancionables, motivo por el cual, las personas servidoras públicas deben prevenir y evitar conductas que los trasgredan e implique responsabilidad administrativa.

En el caso específico de los municipios, como cédula básica del Federalismo mexicano, independientemente de la autonomía constitucional de que gozan, de conformidad con el artículo 115, fracciones II, III, Párrafo Segundo, y IV; de la Constitución Federal, en el desempeño de sus atribuciones deben observar las leyes federales y estatales; en consecuencia, en la organización de su administración pública y la administración de su patrimonio, debe apegarse a dichos ordenamientos, por ende, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a través del Órgano Interno de Control Municipal, deben diseñar e implementar políticas, programas y acciones de fomento entre sus servidores públicos que conlleven el fomento de los principios de legalidad, ética, calidad en el servicio, eficiencia, eficacia, trasparencia, economía, integridad y excelencia en el servicio público a su cargo.

Cabe precisar, que el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas, no les excluye de tal deber, en razón, que el artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Federal, si bien, reconoce y garantiza dicho derecho, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; dicho derecho no es absoluto, pues el propio artículo, lo sujeta al respeto de la unidad nacional tutelada por los artículos 40 y 41 de nuestra Carta Magna, lo que nos conlleva a establecer que el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, no implica su independencia ni le excluye del pacto federal.

En conclusión, proponemos que a nivel municipal, se conformen políticas de integridad en el servicio y prevención de riesgos, partiendo de la implementación de instrumentos de control y evaluación preventivos y correctivos que detecten a tiempo acciones indebidas en el ejercicio de la función pública, fortaleciendo con ello el combate a la corrupción e impunidad; acciones en las que se estima debe fomentarse la participación de la ciudadanía como medio de control fáctico a través de la trasparencia y rendición de cuentas.

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