Las responsabilidades administrativas derivadas del proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal.

La responsabilidad es de quién escribe.

Uno de los actos de mayor trascendencia en el servicio público es el denominado “Proceso de Entrega-Recepción”, toda vez que constituye un mecanismo de rendición de cuentas, además de ser de interés público y de cumplimiento obligatorio de los servidores públicos, por el cual, se lleva a cabo el cambio de administración o la separación del cargo. La importancia de este acto radica en que es un proceso que permite la continuidad y el adecuado funcionamiento de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos, entre otros aspectos. El proceso de Entrega-Recepción Municipal, se encuentra normado en el Título Octavo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca (LOMEO). Cabe destacar que, en términos de su Artículo 174, el proceso de entrega de la Administración Pública Municipal se llevará a cabo a partir del 1º de enero del año que corresponda o en la fecha que sus Sistemas Normativos Indígenas señalen. Dicho proceso se hará constar en un Acta circunstanciada, en términos de lo dispuesto en los Artículos 175-177. El Acta circunstanciada de la Entrega-Recepción es un documento en el que se hacen constar los hechos relacionados con la transmisión de los bienes, recursos, derechos y obligaciones institucionales.

Las disposiciones en materia de responsabilidades tienen como propósito salvaguardar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, que rigen el servicio público.

En el documento se señalan las personas que intervienen en el proceso y se integra la relación de documentos y anexos, los cuales deberán firmarse al margen y al calce. Como primer aspecto importante a señalar, es que ningún servidor público podrá separarse de su cargo sin realizar la entrega correspondiente de los asuntos que se encuentren bajo su responsabilidad, pues de negarse a hacerlo puede ser sujeto tanto de una responsabilidad administrativa como de una responsabilidad penal por incumplir con un deber legal.

Cuando hablamos de Responsabilidad Administrativa nos referimos a aquellas en las que incurren los servidores públicos cuando, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, su conducta contravenga las disposiciones contenidas en los supuestos previstos en los Capítulos I, II, III y IV del Título Tercero, del Libro Primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA); así como en el Artículo 47, Capítulo I, Título Tercero denominado “De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves”, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca . Además, hay que agregar al catálogo de faltas administrativas graves de las y los servidores públicos los actos de violencia de género cometidos contra las mujeres, de acuerdo a lo establecido por la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género (año).  

Con relación al proceso de Entrega-Recepción, uno de los grandes errores que puede cometer un servidor público es negarse a hacer entrega de los asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad, pues esta negativa implica como consecuencia el incumplimiento a los principios y directrices que deben observar los servidores públicos en términos de la Ley.

Así, esta negativa conlleva a una posible falta administrativa no grave, de conformidad con el Artículo 49, fracciones I y VII de la LGRA, por estar incumpliendo con la obligación de llevar un adecuado ejercicio de sus funciones, y de la rendición de cuentas respecto de los asuntos, bienes y recursos de los que es responsable; esto es independiente de la responsabilidad penal que pudiera determinarse por el incumplimiento de un deber legal.  

Por estas razones, cuando no se lleva a cabo la entrega de la administración municipal o un servidor público saliente se niega a realizarla, el entrante deberá hacer constar esta circunstancia en un acta donde deberá señalar la negativa del servidor público y manifestar el estado que guardan los asuntos a entregar, realizando estos procesos ante la presencia de dos testigos. Enseguida, el acta de referencia deberá ser remitida al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE).

Por su parte, el OSFE, deberá citar a los ex servidores públicos dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles siguientes a la notificación, con el propósito de que se cumpla con la obligación de la entrega. Si persiste negativa, tendrá que iniciar los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades a que haya lugar.  

De igual manera, es importante señalar que el proceso de Entrega-Recepción implica una gran responsabilidad tanto para los servidores públicos que se retiran, como para aquellos que toman posesión del cargo; los primeros, son responsables de la veracidad de la información y documentación contenida en la entrega; los segundos, de verificar y revisar toda la información que se recibe, en un periodo no mayor a 30 días hábiles.  

La omisión en la revisión de la información contenida en la Entrega- Recepción por parte de los servidores públicos entrantes, implica la aceptación o conformidad de lo recibido; es por ello que es importante verificar por ejemplo la existencia de mobiliario y equipo de cómputo; de parque vehicular y el estado que este guarda; de bienes en almacenes, papelería, formas valoradas, recursos financieros, cuentas bancarias, deudores diversos; de obra pública ejecutada y en proceso; de recursos humanos; de expedientes de los asuntos en trámite; entre otros rubros. Es por ello que los servidores públicos entrantes están obligados a llevar a cabo una revisión minuciosa de todo aquello que reciben.  

Al OSFE le corresponde tanto la vigilancia de que el proceso de Entrega-Recepción se lleve a cabo en términos de lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, como la observación de los Lineamientos que se emitan para tal efecto.  

Un aspecto importante a destacar, es que el hecho de retirarse de un cargo público no implica la liberación de responsabilidad.  

Actualmente, bajo las disposiciones vigentes en materia de responsabilidades administrativas, las faltas cometidas por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones tienen un periodo de prescripción que va de tres a siete años, dándose el menor tiempo a una falta administrativa no grave, y el mayor a una grave.  

El 19 de noviembre del año 2019, se incorporó la figura del “nepotismo” a la Ley General de Responsabilidades Administrativas como falta administrativa grave.

En este sentido, la prescripción se entiende como la extinción o desaparición de facultades de la autoridad por el transcurso del tiempo; es decir, las autoridades tienen un tiempo límite para poder ejercer determinadas facultades o acciones; en este caso, para poder investigar y sancionar a un servidor público. 

A manera de ejemplo, podemos revisar el caso de un servidor público que se retira del cargo y, durante el periodo de revisión, guarda los asuntos correspondientes a su Entrega, esto debido a los actos de fiscalización que pudiera llevar a cabo el OSFE para verificar el correcto ejercicio de los recursos públicos. En dicha situación se podrían investigar, determinar y sancionar faltas administrativas graves como el desvío de recursos públicos, nepotismo, enriquecimiento oculto, cohecho, peculado, entre otras conductas; para tal efecto se tendría un plazo máximo de siete años a partir de que se hayan cometido y detectado. 

La descripción de conductas que se consideran faltas administrativas graves, son aquellas que se comprenden en los Artículos 52 al 64 Ter. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Una de las prácticas que es recurrente en los Municipios de nuestro país es la contratación de familiares en los Ayuntamientos. En razón de ello es importante señalar que, el 19 de noviembre del año 2019, se incorporó la figura del “nepotismo” a la Ley General de Responsabilidades Administrativas como falta administrativa grave. Dicha figura se presenta cuando un servidor público designa, nombra o interviene para que alguna persona con quien tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato; sea contratado como personal de estructura de base o por honorarios en el ente público en el que trabaje, en este caso, en el Ayuntamiento; valiéndose de su cargo o atribuciones con las que cuenta por su empleo, cargo o comisión, de manera directa o indirecta. 

Lo anterior implica que podría ser sancionado aquel servidor público que haya ordenado o influido para que se contrate a cualquiera de sus parientes: esposa o concubina, hermano, hermana, hijos, nietos, sobrinos, padres, tíos, suegros o cuñados. 

Por su parte, las faltas administrativas no graves son las comprendidas en los Artículos del 49 al 50 de la Ley General antes referida, y las que mayormente tienen que ver con el incumplimiento de las funciones y atribuciones relacionadas con el cargo que se ocupa, la falta de presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, la omisión a la rendición de cuentas, entre otras. Las sanciones que, en términos de la ley de la materia, son aplicables por la comisión de una falta administrativa grave son la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo de 30 a 90 días; la destitución del empleo cargo o comisión; la sanción económica; y la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión, que puede ser hasta de 10 años. 

Con relación a las faltas administrativas no graves, las sanciones pueden ser la amonestación pública o privada; la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo de 1 a 30 días; la destitución del empleo, cargo o comisión; la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión, no menor a tres meses ni mayor a 1 año. En razón de lo anterior, derivado del proceso de Entrega- Recepción y en términos del Artículo 187 de la LOMEO se menciona enseguida a las autoridades competentes para conocer las irregularidades que se detecten, derivadas del proceso de referencia: 

 • El Congreso del Estado a través del OSFE, cuando las irregularidades sean cometidas por los servidores públicos integrantes del Ayuntamiento. 

 • El Órgano Interno de Control, cuando las infracciones cometidas sean por servidores públicos o ex servidores públicos del Ayuntamiento que no sean de elección popular. 

Lo anterior, con independencia de las faltas o delitos cometidos que sean competencia de otras autoridades. A manera de conclusión, se recomienda que cuando los servidores públicos se retiren de un cargo, lo hagan atendiendo siempre al principio de legalidad; es decir, que atiendan lo que la ley les obliga, con la certeza y la tranquilidad del deber cumplido, pero, sobre todo, sabiendo que respondieron a la confianza de la sociedad.

Destacados