ORIGEN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS DESAFÍOS EN EL DESARROLLO MUNICIPAL CONTEMPORÁNEO.

La responsabilidad es de quién escribe.

El municipio de conformidad con nuestro diseño jurídico constitucional, es considerado como una persona moral[1], y como tal, es un ente con capacidad jurídica para asumir obligaciones y cumplirlas, así como gozar de derechos a través de sus representantes. La posibilidad de actuar en el campo jurídico es lo que se denomina personalidad jurídica, la cual está prevista para el caso de los municipios en el párrafo primero de la fracción segunda del Artículo 115 de la Constitución Federal.

Si bien es amplio el tema del origen del municipio, consideramos conveniente apuntarlos como dato histórico para entender la complejidad de su regulación. Así, el origen del municipio como forma básica de organización del estado, surge en el imperio romano bajo el nombre de municepsal. Esto se refiere a las poblaciones no latinas que estaban bajo el imperio y se necesitaba tener el control de ellas. Con el tiempo, proliferaron las comunidades y se fue generalizando la palabra municipum, para referirse a las ciudades principales y poblaciones aledañas que estaban establecidos en una extensión de territorio y sometidos al imperio, para que éste controlara el cobro de impuestos y la obediencia debida. Posteriormente, con la incursión de Roma en España y Portugal, parte de la llamada península ibérica, se instituyeron los municipios. Después, esto se replicó y se institucionalizó en América. El primero de ellos fue la Villa Rica de la Vera Cruz, instituido por Hernán Cortés en 1519.

Desde su institución en México, el municipio ha sido objeto de múltiples modificaciones derivadas de ideología y necesidad política de los presidentes de la república y de los gobernadores de las entidades federativas.

El diseño constitucional actual del régimen municipal, es claro ejemplo de las buenas intenciones que contiene el texto constitucional, mismo que evidencia la enorme diferencia entre el discurso y la operatividad del municipio. Esto porque el numeral 115 de la Constitución, que es la base constitucional del municipio, prevé la existencia de un municipio libre. Una libertad que debe ser regulada desde cuatro aristas: la libertad política, libertad financiera, libertad jurídica y, administrativa.

El municipio se gobierna a través de un ayuntamiento, el cual está representado por el cabildo municipal. El cabildo municipal lo dirige o preside el presidente municipal. Históricamente, el presidente municipal es la sustitución de los jefes políticos quienes, en la época del Presidente Porfirio Díaz, sustituirían a los presidentes municipales como encargados de las demarcaciones administrativas denominadas prefecturas o cantones.

En la actualidad, los cabildos municipales se integran por números impares de integrantes, con la finalidad de que, al ser colegiadas las decisiones de cabildo, el voto impar del presidente municipal sea de calidad para el caso de que se presentare algún empate en número de las votaciones.

Sin embargo, uno de los problemas menores de las autoridades municipales es no conocer la normativa aplicable a sus funciones. Pues el pacto federal existente entre la federación y los estados se ha extendido a los municipios, de tal suerte que, los organismos de la federación, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, está facultada para auditar en forma directa la aplicación de recursos públicos federales ejercidos por los Ayuntamientos.

En ese contexto, el conocimiento y capacitación a las autoridades municipales desde el ámbito público como privado, debe ser un principio para que las autoridades municipales ejerzan mejor sus funciones. Además, para que cada uno de los integrantes conozcan su funciones genéricas y particulares. Si bien, este sería solamente un aspecto de los retos de la autoridad municipal porque existen otros que veremos más adelante.

Otro de los grandes desafíos de los gobiernos municipales es la optimización de la capacidad de gestión gubernamental, que consiste en la falta de integración de un equipo profesional que oriente, por área, a la administración municipal, de tal manera que, así como sucede, por ejemplo, con la parte técnica en materia de obra pública, se pueda planear cada gestión para obtener mayores y mejores resultados en la administración pública municipal. Con esta práctica se fortalecería la capacidad administrativa y de gestión de las autoridades municipales para eficientar la provisión de bienes y servicios públicos municipales.

 

La otra gran tarea de los gobiernos municipales, es el fortalecimiento de las finanzas municipales mediante dos acciones: a) el otorgamiento de mayores presupuestos desde la federación y los estados, de manera suficiente para resolver las necesidades de las poblaciones, pues ése es el fin último de la administración de los recursos públicos y razón de existir del estado; y, b) una mejora en la actividad recaudatoria y la aplicación de dichos recursos con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas de los municipios.

El pluralismo ideológico y cultural existente en nuestro país, profundiza considerablemente las necesidades y complicaciones al tratar de eficientar la administración municipal. Es por ello que todas las acciones sugeridas para mejorar, deben ir de la mano de los gobiernos federal y local, en un plan común para que los gobiernos municipales cumplan con su objetivo constitucional. Históricamente, el abandono a los gobiernos municipales por parte de las autoridades federales y estatales, ha sido, de tal manera, perjudicial para la ciudadanía de los municipios. Los gobiernos municipales, con todos sus esfuerzos hechos, no logran ser eficaces en el combate a las múltiples necesidades sociales prevalecientes; y, por otra parte, la ausencia de los gobiernos estatales y federales para capacitar y guiar a los municipios para lograr sus fines, es notorio.

Por otro lado, el aumento de normas al que se sujetan los municipios, lejos de constituir un beneficio se ha convertido en un caldo de cultivo para ejercer presiones de todo tipo, principalmente políticas y jurídicas, por parte de los gobiernos de las entidades federativas hacia los municipios. Como ya se dijo, son vulnerables ante la ausencia de un plan de orientación o profesionalización para el ejercicio de sus atribuciones.

A lo anterior, se suma el pluralismo cultural reconocido en nuestra constitución federal[2], que fundamentalmente con la reforma de agosto de 2001, se superpuso el México urbano al México rural. Si bien se reconoció a las comunidades indígenas, incluso, definiéndolas como no lo había hecho el Convenio 169 OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Esta situación es de vital importancia porque se relaciona precisamente con el hecho de que en nuestro país un gran número de municipios tienen comunidades indígenas,[3] y, por tanto, tienen obligación constitucional de diseñar estrategias para la atención correcta y oportuna de las necesidades de dichas comunidades.

El ayuntamiento municipal es una máquina que debe estar correctamente sincronizado para que cumpla con su función que es la provisión de bienes y servicios a los habitantes de su territorio. Esa sincronización solo será posible con el conocimiento y dominio de sus funciones, mediante la capacitación eficaz y oportuna.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL[4]es el representante político del ayuntamiento y responsable directo de la administración pública municipal, por lo que entre sus principales funciones están: presidir el cabildo municipal y ejecutar las decisiones del mismo; presentar la cuenta pública municipal al Órgano de Fiscalización, promulgar y publicar el Bando de Policía y Gobierno, y demás disposiciones administrativas de observancia general. Rendir informe a la población dentro de los primeros quince días del mes de diciembre sobre el estado que guarda la administración municipal, inspeccionar los fondos municipales y vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos. Otorgar licencias de construcción y permisos de uso de suelo, elaborar el plan municipal de desarrollo, expedir licencias de establecimientos comerciales, y tener bajo su mando a la policía preventiva municipal.

AL SÍNDICO MUNICIPAL[5] le corresponde ser el representante jurídico del ayuntamiento, y como tal, tiene el carácter de un mandatario legal para todos los actos jurídicos en que intervenga el municipio, además de fungir como auxiliar del ministerio público; pudiendo, además, resolver en primera instancia los asuntos por infracciones administrativas. LOS REGIDORES[6] son los encargados de la gestión en las diferentes áreas a las que están adscritos e integrar las comisiones a las que se les asigne.

[1] Lo correcto en la denominación debe ser jurídica, porque lo opuesto a la palabra moral sería inmoral; en cambio la persona jurídica puede llamarse así a la persona por tratarse de una ficción jurídica cuya explicación encuentra sustento en la denominación de una persona física o natural.

[2]El artículo 2o. constitucional establece en sus primeros cinco párrafos el reconocimiento de la nación mexicana pluricultural (principio del pluralismo cultural), define los sujetos de los derechos y reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

[3] Se considera a los pueblos indígenas como poblaciones originarias que sufrieron un proceso de colonización y que conservan todas o parte de sus instituciones.

[4]Artículo 68.

[5]Artículo 71.

[6]Artículo 73; Todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

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