Transparencia y el acceso a la información pública gubernamental

La responsabilidad es de quién escribe.

Por su impacto en la función pública, en su concepción concurren ópticas diversas, que la conciben como política pública de apertura de la información gubernamental al escrutinio social a efecto de evaluar el desempeño de la autoridad; mecanismo de control del poder y legitimidad democrática, que tiene como premisa inhibir la secrecía y la opacidad; que Eduardo Guerrero Gutiérrez, concibe cómo el “conjunto de decisiones y acciones del gobierno que tienen por objeto dotar a los ciudadanos y a los propios funcionarios de información clara, precisa, accesible y abundante sobre dimensiones diversas del desempeño gubernamental, a través del cual, gana el público y el gobierno, al exponer la gestión pública a la crítica y deliberación social, lo que, eleva la probabilidad de detectar errores y, a su vez, el nivel de prevención y corrección de éstos,”.¹

A través de la Transparencia, “el poder pierde opacidad y se sitúa a la vista de la sociedad, los agentes productivos y los ciudadanos; políticamente permite a los ciudadanos vigilar al poder estatal,”² lo que, facilita el control ciudadano del ejercicio de la gestión pública, cuyo actuar debe ser abierto, visible y evidente sin apartarse de la ley, al contar con “información accesible a la población en general y ofrecer calidad sobre las reglas y las decisiones del gobierno,”³ como la concibe el Banco Asiático de Desarrollo, al conferirle el carácter de garante del derecho de acceso a la información pública, que se traduce en la obligación de la autoridad de tutelar su libre ejercicio; amén de constituir un instrumento de rendición de cuentas.

Con ello, se garantiza que las esferas de gobierno y sociedad se fusionen en términos de corresponsabilidad y funcionalidad, con el objetivo, que las acciones de transparencia se institucionalicen, a fin de generar una cultura que estimule la credibilidad social del actuar público y éste, a su vez, apoye y proteja a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos; como lo señala Víctor Peña, al afirmar que, la transparencia “debe construirse considerando la organización, estructura, límites, funciones, objetivos, misión, visión y capacidad institucional de la organización pública; pues se refiere a las decisiones y los procesos asumidos por los poderes, dependencias y los órganos públicos del Estado para darle contenido sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad, en sus distintas acepciones, publicidad e incluso dentro de su propia organización,”4 lo que, para Ernesto Villanueva debe garantizarse “para el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública relacionado con la “Rendición de Cuentas.”5 Como podrá inferirse, la “Transparencia” deriva del “Derecho a la Información Pública”, según Ernesto Villanueva, comprende:

 »“Acceso a la información pública a petición de parte.

 » Acceso a la información de oficio.

 » La sistematización legal de la protección de datos personales y de archivos públicos.”6

Al ejercer dicho Derecho la sociedad civil obtiene de los órganos públicos información satisfactoria en tiempo razonable, a excepción, de aquella que, por ley, es reservada.

Como Derecho Humano de Cuarta Generación e índole liberal, es garante de equidad política y social, crisol de mecanismos o políticas que permiten que la información pública sea accesible.

Como podemos apreciar, “La Transparencia” es resultado de políticas públicas que tienen como objetivo tutelar los valores de accesibilidad, visibilidad y publicidad; así como, la salvaguarda del “Derecho a la Información Pública”; así tenemos, que los sistemas que regulan su respeto reflejan un espectro mayor de transparencia y por ende consolidan la aspiración legítima de toda democracia, al transitar de modo eficaz al modelo de Gobierno Abierto; proceso del cual, es participe nuestro país al regular en el universo de su legislación Federal y Local:

 » Catálogos de “obligaciones de transparencia”.

 » Tutelar a nivel Constitucional la premisa que “La Información que Genera el Estado es Pública”.

Hoy en día, la totalidad de los países cuentan con ordenamientos en materia de acceso a la información; escenario que contrasta con el continente africano, en el que, sólo Sudáfrica, Angola, Uganda y Zimbabue cuenta con dicha normatividad; o bien, con los asiáticos, como Irán, Irak, Afganistán, Nepal, Laos y Vietnam, que carecen de marco normativo al respecto; lo que claramente confiere al acceso a la información es un rasgo distintivo de madurez de los regímenes democráticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso “Claude Reyes y Otros”, derivado de la negativa del Estado Chileno en otorgar información de un proyecto de deforestación que causaba impacto ambiental; de manera expresa se reconoció y tuteló la protección el Derecho de Acceso a la Información, confiriéndole el carácter de Derecho Humano e instrumento de la Libertad de pensamiento y expresión; lo que motivó que la propia Comisión en coordinación con la OEA, publicaran “El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares interamericanos y comparación de marcos legales”7, estableciendo como ejes rectores del Derecho a la Información los principios de:

  • Máxima Publicidad.
  • Buena Fe.

En 1996 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencialmente precisó que el Derecho a la Información, se encuentra vinculado con el derecho a conocer la verdad, por lo que, estableciendo que la Autoridad la debe proporcionar de manera veraz e íntegra, apercibida que, en caso de omisión, incurriría en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, al emitir los criterios jurisprudenciales con rubro “GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACION). VIOLACION GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACION Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTICULO 6o. TAMBIEN CONSTITUCIONAL.”8 y “DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.” 9

De lo que se infiere que, como derecho Fundamental, genera la obligación de la autoridad de informar a todo individuo y asegurarse de que éste sea enterado de todo suceso público y de interés general, a excepción de los ámbitos de seguridad nacional, el Interés Social o Nacional. En diciembre del 2000, con el objetivo de coordinar las acciones y estrategias enfocadas a reducir los riesgos de corrupción y mejorar la Transparencia de la Información y la gestión pública, el Gobierno Federal creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal; órgano que estableció como política pública, que la responsabilidad en materia de transparencia y combate a la corrupción debe ser compartida por todos los actores gubernamentales y no recaer en una sola institución.

El 25 de abril de 2002, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ordenamiento que obligó a los entes públicos a poner a disposición de los particulares la información que generaran y mantuvieran bajo su resguardo; dictamen que fue aprobado por el Senado por unanimidad el 30 de abril de 2002, decretándose su turno al Ejecutivo Federal para su promulgación; dando pauta para que, en octubre de 2002, se creara el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, actualmente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La reforma, del artículo 6º, de la Constitución Federal, publicada en el D.O.F. el 20 de julio de 2007, tuvo por objeto mejorar la calidad del acceso a la información pública mediante la incorporación de lineamientos rectores en materia de transparencia y acceso a la información para los tres órdenes de gobierno.

Con la reforma Constitucional publicada en el D.O.F. el 7 de febrero de 2014, se modificaron y adicionaron los artículos 6o., 89, 105, 108, 110 y 111, y se adicionan los artículos 73, 76, 116 y 122, con la finalidad de fortalecer mecanismos de rendición de cuentas a través de la transparencia y el acceso a la información pública para la correcta implementación de la reforma, se previó:

Confiriendo facultades concurrentes a los órganos legislativos Federal y Locales; a fin de distribuir competencias y establecer las bases para su regulación, así como, conformar una plataforma mínima para facilitar a los integrantes del Pacto Federal la expedición armónica y congruente de leyes con base en su realidad social respetando el mínimo normativo que marcan las leyes generales.

Con la Reforma Política de la Hoy Ciudad de México, se reformó el artículo 6o., Apartado A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto, de la Constitución Federal, dando pauta a la expedición el 4 de mayo de 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Del contenido de su artículo 41, se infiere la ampliación de las atribuciones de los órganos garantes y se reserva en favor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la facultad de conocer y resolver los Recursos de Revisión interpuestos por particulares en contra de los órganos garantes de las entidades federativas; amén de conocer y resolver de oficio o a petición de parte los recursos de revisión que por su interés o trascendencia así lo ameriten; para lo cual, es trascendente la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, así como controversias constitucionales, en contra de leyes de carácter federal, estatal o de la hoy Ciudad de México; aunado a que podrá imponer y ejecutar medidas de apremio y sanciones, aspecto en el que se establecen mecanismos para el cumplimiento de resoluciones, medidas de apremio y sanciones; asimismo se prohíbe el pago de medidas de apremio y sanciones económicas con recursos públicos.

En la misma ley, se faculta a los órganos garantes con base en lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia, para emitir políticas de trasparencia proactiva, como es, la publicación y difusión de información adicional, que como mínimo regulen las leyes de la materia en el ámbito general, federal y local; asimismo, con el fin de garantizar el Acceso a la información, se les faculta para que, en el ámbito de sus atribuciones, suplan cualquier deficiencia.

Se garantiza el otorgamiento de facilidades y apoyos en favor de Grupos Vulnerables con capacidades especiales, comunidades indígenas, a fin de tutelar el Derecho de Acceso a la Información y facilitar la consulta y tramitación de solicitudes de información que dichos grupos formulen.

El acceso a la información pública, como Derecho Fundamental, esta tutelado por diversos instrumentos del orden internacional, cuyas disposiciones de conformidad con los principios Pro Persona y de Supremacía Constitucional son de observancia obligatoria y respeto incondicional.

1 GUERRERO Gutiérrez Eduardo. Para entender La transparencia. Editorial: Nostra. México. 2008. Pág. 8.
2 UVALLE Berrones, Ricardo. Oportunidades y restricciones de la política de transparencia en México. Editorial: Sitesa. México. 2013. Pág. 74.
3 Banco Asiático de Desarrollo, Governance: Sound Development Management, ADB, Manila, 1995, p. 256, citado por Jaqueline Perschard. GRANDES PROBLEMAS Transparencia: promesas y desafíos. El Colegio de México A.C., Primera Edición. México. 2017. Pág. 49.
4 PEÑA, Víctor S. (Coord.). A una década, temas y reflexiones sobre transparencia y rendición de cuentas como política pública en México. Editorial: M.A. Porrúa. México 2011. Pág. 126.
5 Villanueva Ernesto, “Derecho de la Información”. Ed. Miguel Ángel Porrúa, en coedición con la H. Cámara de Diputados LIX Legislatura y Universidad de Guadalajara, serie “Conocer para Decidir”. México 2006.
6 Ídem.
7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS. Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales. Accesible en la siguiente dirección electrónica http://www.cidh.org/relatoria (fecha de consulta 10 de abril de 2018).
8 Tesis Aislada, Novena Época, Pleno, GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACION). VIOLACION GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACION Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTICULO 6o. TAMBIEN CONSTITUCIONAL, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis LXXXIX/96, Junio de 1996, pág. 513.
9 Tesis Aislada, Novena Época, Pleno, DERECHO A LA INFORMACION, SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis p. lx/2000, Abril de 2000, pág. 74.

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